Se conoció la respuesta de la ministra de Justicia a Petro sobre dejar libre a Epa Colombia: Clarificación sobre quién tiene la competencia para modificar su condena.
Foto: Redes sociales (14/02/2025)
Epa Colombia, cuyo verdadero nombre es Daneidy Barrera, es una conocida influencer y empresaria colombiana que saltó a la fama por sus videos en redes sociales. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por daños a una estación de Transmilenio durante el estallido social de 2019.
Desde entonces, Barrera ha estado cumpliendo su condena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Enfrenta no solo las consecuencias de su condena, sino también un debate público sobre su situación judicial.
La respuesta de la ministra de Justicia a Petro por caso de Epa Colombia
Recientemente, el presidente Gustavo Petro sugirió la posibilidad de liberar a Epa Colombia, argumentando que podría acceder a beneficios jurídicos. Sin embargo, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aclaró rotundamente en una entrevista con Blu Radio que esta decisión no depende del presidente ni de su despacho.
La ministra enfatizó que únicamente un juez de ejecución de penas tiene la competencia para modificar la condena de Barrera o evaluar si puede acceder a beneficios como la Ley de Utilidad Pública.
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Buitrago explicó que esta ley, que permite a mujeres cabeza de familia cumplir su condena con actividades comunitarias en lugar de ir a prisión, debe ser aplicada únicamente bajo ciertas condiciones.
A pesar de que la Ley de Utilidad Pública está diseñada para beneficiar a mujeres en situaciones de marginalidad, la ministra destacó que los delitos por los que fue condenada Epa Colombia no califican automáticamente para que acceda a este beneficio.
Requisitos para acceder a la Ley de Utilidad Pública
La Ley de Utilidad Pública establece condiciones muy estrictas para que una persona pueda beneficiarse de ella. Según la ministra Buitrago, las principales condiciones son:
Demostrar marginalidad: La persona debe evidenciar que está en una situación socioeconómica precaria y que no tiene medios para subsistir.
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Ser madre cabeza de familia: La persona debe probar que tiene personas bajo su cargo. Debe demostrar que su ausencia afectaría gravemente la estabilidad económica de su hogar.
Vinculación del delito con la marginalidad: El delito cometido debe estar relacionado con una situación de exclusión social. Por ejemplo, un hurto cometido para alimentar a su familia.
La ministra fue clara al afirmar que, en el caso de Epa Colombia, su situación no cumple con todos estos requisitos, lo que complica su acceso a este tipo de beneficios.
Decisión en manos del juez
Por ahora, cualquier posible cambio en la situación judicial de Epa Colombia está en manos de un juez de ejecución de penas. La ministra Buitrago reiteró que el proceso judicial es un tema que solo puede ser decidido por un juez, asegurando que su despacho no tiene la facultad para intervenir en este tipo de decisiones. Por lo tanto, la situación de Barrera no cambiará sin una evaluación y decisión judicial.
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